IU NO ESTAR A LA ALTURA

Hace unas semanas recibimos con inmensa alegría la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que declara la “íntegra nulidad de pleno derecho” del Decreto 113/2013 de 2 de agosto del Consell, que establece el copago en los servicios dirigidos a la discapacidad al considerar que es “coactivo” y “vulnera el principio de reserva de ley, el de legalidad en materia tributaria y el de jerarquía normativa”.

Este decreto del gobierno valenciano, del Partido Popular, atacaba de manera despreciable a la discapacidad y sus familias, colectivos estos, de los más vulnerables y castigados por los recortes y ajustes, causa de una crisis que no han provocado

Desde su entrada en vigor, han sido muchísimas las personas que se han movilizado contra este decreto. Además de los afectados, sus familias y los trabajador@s, muchos ayuntamientos y grupos municipales han demostrado, como administraciones locales, su apoyo y preocupación por sus vecinos y vecinas discapacitados, contra esta injusticia que genera mucha desesperación en las familias y supone un retroceso de 40 años cuando estas personas tenían que quedarse en casa.

Lamentablemente no podemos decir lo mismo del señor Antonio Ángel Hurtado, alcalde de Almoradí, y su “PPpanda” tan insensibles (aunque no soporten este calificativo) como hipócritas pues muchos de sus compañeros (hasta el ayuntamiento de Valencia votó en contra del copago) los han dejado en evidencia.

Recordamos las promesas, los apoyos incondicionales, aquellos “pucheretes” del alcalde (en su despacho claro) ante las familias de la Asociación de Discapacitados de Almoradí, para al poco tiempo, en sesión plenaria, votar en contra de una moción que simplemente pedía al gobierno de la Generalitat, la retirada del polémico decreto. Incluso se permitió la concejal de Servicios Sociales la licencia de justificar esta ley y hablar de cifras de cobros y pagos de los discapacitados-as sin conocer la situación familiar y económica de estas personas. Con esto demuestran, una vez más, su insensibilidad política y no saber estar a la altura de las necesidades de sus vecinos-as, poniéndose en evidencia por una injustificable disciplina de partido. ¡Que vergüenza!. ¡Que pena!

Mis compañeros de IU y yo, tenemos muy claro que si se ha retirado esta ley ha sido por la desobediencia civil que han ejercido las familias, negándose desde el primer momento a hacer efectivo el “repago”, movilizándose y denunciando esta ley injusta y cruel, pero creemos también que la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez-Zaplana, la misma que dijo que la Generalitat confiaba en recaudar 15 millones de euros por este copago, debería de dimitir, por ser responsable de que muchos usuari@s hayan tenido que abandonar sus centros ocupacionales.

Esta vez los jueces han puesto al PP y sus políticas de recortar y recaudar entre los más débiles, en su sitio. Estaremos pendientes del recurso contra el auto y a cualquier otra medida antisocial que pretendan.

Mª Jesús Pérez Galant