LA DEPURACIÓN MUNICIPAL DE AGUAS EN ALMORADÍ

No hay que volver a recordar que los ciudadanos-as, en nuestros recibos de agua, pagamos un canon para la adecuada depuración de nuestras aguas residuales, pero claro este canon no nos asegura unos gobernantes aptos y responsables para la gestión municipal.

Izquierda Unida ha denunciado en repetidas ocasiones este grave problema para el pueblo y nos tememos que, en el futuro, tendremos que seguir denunciándolo si seguimos con estos malos gestores.

Son muchos años los que llevamos los y las almoradidenses cargando con este lastre, incluyendo al alcalde, el cual no ha dudado en mentir y acusarnos de lo que le ha venido en gana cuando hemos hecho publica su incompetencia y dejadez en solucionar, de una vez por todas, el pésimo funcionamiento de este servicio. Mentía cuando hablaba de proyectos fantasma como llevar nuestras aguas residuales primero a la depuradora de San Fulgencio, después a la de Algorfa,… o intentar responsabilizar a la empresa EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) cuando el último responsable de no exigir los proyectos necesarios para solucionar este problema, es el Ayuntamiento.

Este nivel de irresponsabilidad se hace más evidente cuando, desde la misma Confederación Hidrográfica del Segura, tachan al Ayuntamiento de Almoradí de … “una clara dejación de sus funciones” … “es competencia municipal la protección del medio ambiente y el tratamiento de aguas residuales” … “es el Ayuntamiento el responsable del destino de las aguas evacuadas”. Además la CHS constata la “reiteración del expedientado” (que es un concepto jurídico más amplio que el de la reincidencia) recordando que, desde 2003, se han abierto más de una docena de expedientes sancionadores por vertidos ilegales y contaminantes al dominio público de aguas incorrectamente depuradas, que no reúnen las condiciones idóneas para el riego de los productos de nuestra huerta que muchos de nosotros y nosotras consumimos.ç

Como ya hicimos público a principios de 2011, la Agencia Tributaria tuvo que iniciar un procedimiento para cobrar las deudas que nuestro Ayuntamiento tenía, desde hacía más de dos años, con la CHS (unos 60.000€), deduciéndolo del dinero que, a través de los fondos de participación nacional, se recibían del gobierno central.

Pero la ineficacia del alcalde y su concejalía de Servicios Municipales va más allá de la depuración de nuestras aguas residuales, tampoco se están controlando los vertidos industriales al alcantarillado que incumplen los valores límites de emisión básicos dictados por la Directiva Europea 91/271.

A finales del 2013 se iniciaron las obras para la adecuación y mejora de la EDAR de Almoradí, dotadas de un presupuesto de 300.000€, con el fin de realizar un tratamiento previo mediante la electroxidación de las aguas residuales y así dar cumplimeinto pleno a los valores límite de emisión exigidos por la CHS. Una vez finalizadas las obras, el pasado mes de febrero, según la empresa EPSAR, la presencia masiva de vertidos industriales ha impedido, en el primer semestre de este año, poner en funcionamiento la etapa de electroxidación dinámica en la EDAR de Almoradí que, según los técnicos, de continuar estos incumplimientos en el control de vertidos industriales (sobre todo del sector agroalimentario), no se podría garantizar el correcto funcionamiento de la mencionada etapa de electroxidación y, en el peor de los casos, el correcto funcionamiento del tratamiento convencional de la EDAR. Además la empresa EPSAR recuerda que “el Ayuntamiento deberá velar por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal de vertidos al alcantarillado … tratando de evitar que no se repita el episodio de incumplimientos …”

Por todo ello, nos tememos que el pueblo de Almoradí va a seguir pagando las consecuencias de estos pésimos gestores municipales. El pasado 15 de julio se inició otro expediente sancionador por parte de la CHS contra el ayuntamiento, que iría de los 10.000 a los 50.000 euros de multa, además de seguir pagando, con dinero público, los honorarios de los procuradores y abogados que defienden “los intereses municipales” en estos procedimientos